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EL DIARIO DE LA DERECHA

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martes, 22 de abril de 2008

Ordenan detención de primo del presidente Uribe

BOGOTÁ .- La Fiscalía General de Colombia ordenó la detención del ex senador Mario Uribe, primo del presidente Alvaro Uribe, por presuntos delitos de promover grupos paramilitares, se informó el martes.

Un breve comunicado de la Fiscalía General indicó que ese despacho dispuso la medida de "detención preventiva en contra del ex senador Mario Uribe por el delito de concierto para delinquir por acuerdos para promover grupos armados al margen de la ley".

Uribe, quien fue presidente del Senado del 2000 al 2001, renunció a su curul a fines del año pasado precisamente porque la Corte Suprema de Justicia le llamó a un interrogatorio como sospechoso de tener vínculos con paramilitares.

Para evitar el proceso en la máxima Corte y ser investigado por la Fiscalía y la justicia ordinaria, Uribe renunció a su escaño.

ALGUNOS CONGRESISTAS CON LAZOS PARAMILITARES

Por esos presuntos lazos con paramilitares más de 30 congresistas colombianos --de una Cámara de Representantes de 164 miembros y un Senado de 102-- han sido detenidos y enviados a la cárcel desde el 2007 hasta esta semana, mientras al menos otros 30 son investigados.

De ellos, al menos tres ya recibieron condenas y el resto espera sentencia en un proceso que ha estremecido al mundo político colombiano debido a que encarcelados jefes del paramilitarismo han confesado sus relaciones con ex gobernadores, ex alcaldes y legisladores. La Fiscalía investiga si esos paramilitares pagaron campañas electorales y si influyeron sobre el electorado para elegir a congresistas como Mario Uribe, una forma de hacerse de influencia política.

De inmediato se desconocía el paradero del ex senador, de 58 años, mientras se obtenía el buzón de mensajes o no eran atendidas repetidas llamadas a su celular y al de su abogado defensor, Nogier Agudelo.

La Fiscalía dijo más tarde en un segundo comunicado que Uribe "es investigado por una reunión que sostuvo con el ex cabecilla paramilitar, Salvatore Mancuso, antes de las elecciones del 10 de marzo de 2002 y con Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, en noviembre de 1998". La Fiscalía no dio detalles sobre lo tratado en esos encuentros o dónde ocurrieron.

Ambos ex jefes paramilitares se entregaron a las autoridades como parte de un proceso de desmovilización iniciado por el gobierno den 2003.

DETENCIÓN DE EX SENADOR NO ES UN HECHO AISLADO

El nuevo capítulo de la orden de detener al ex senador "no es un hecho aislado, ni es un hecho nuevo, sino hace parte de la infiltración de la mafia en la política" colombiana, dijo en entrevista telefónica la senadora Gina Parody, del Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U), aliado al presidente, y una de las más criticas dentro de las filas del llamado "uribismo".

El senador Gustavo Petro, del opositor partido Polo Democrático, dijo que tras la orden judicial contra Mario Uribe, "creo que hoy podemos hablar de un partido completo de la 'parapolítica' el Partido Colombia Democrática, que fue fundado por el presidente de la república y por su primo. Toda la bancada está presa y varios de los sustitutos de esa bancada".

El partido Polo Democrático es de los pocos en el congreso que no ha sido tocado por el escándalo de la penetración del paramilitarismo o tenga legisladores investigados o detenidos.

Petro, en entrevista telefónica, destacó que más allá de la filiación del ex senador Uribe y del mandatario, se trata de dos personas con estrechos y largos vínculos de trabajo político conjunto desde los años 80.

El escándalo bautizado por la prensa local de "parapolítica" estalló cuando el entonces congresista Miguel de la Espriella denunció en una entrevista periodística en 2006 la firma de un pacto de políticos con paramilitares.

De la Espriella declaró que 20 dirigentes políticos suscribieron el 23 de julio de 2001 un documento con jefes paramilitares en el cual se decía que era un acuerdo para "refundar nuestra patria".

Las investigaciones oficiales buscan establecer si los políticos y paramilitares tenían con aquel acuerdo, conocido como Pacto de Ralito, el propósito de tomar el control político y administrativo de varias regiones de Colombia, mediante fraude electoral, repartición de contratación oficial e intimidación a rivales políticos y autoridades locales.

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