El fiscal general Mario Iguarán pidió ayer jueves que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) investigue a la senadora Piedad Córdoba, quien ha actuado como mediadora con las FARC para liberar rehenes, y a dos congresistas más por mantener vínculos con esa guerrilla.También informó que abrió investigaciones contra varios extranjeros, entre los que se encuentran la constituyente ecuatoriana María Augusta Calle, el también ecuatoriano Iván Larrea; el venezolano miembro del Parlamento Latino, Amílcar Figueroa, y el profesor universitario estadounidense James Jones.
Los otros legisladores son el representante a la Cámara Wilson Borja y la senadora Gloria Inés Ramírez, de los opositores partidos Liberal y Polo Democrático Alternativo, respectivamente. Solo la CSJ tiene facultad para investigar a legisladores, según la ley de Colombia.
El fiscal general dijo que los nombres de los políticos aparecen en documentos extraídos de tres computadoras que supuestamente fueron confiscadas por militares colombianos cuando el 1 de marzo incursionaron ilegalmente a Ecuador para atacar un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Figuran dos periodistas
Iguarán también dijo que abrió investigaciones contra los periodistas Carlos Lozano y William Parra, corresponsal de la cadena de noticias Telesur; el ex ministro Álvaro Leyva, quien había sido autorizado por el gobierno para mantener contactos con el grupo, y el ex asesor de paz Lázaro Viveros.
Lozano, director del semanario comunista Voz, expresó que las personas señaladas por el fiscal han venido trabajando por el intercambio humanitario de “manera pública”, con conocimiento del gobierno, de la comunidad internacional y de “cara al país”.
Indicó que a su entender, la fiscalía está abriendo una “indagación preliminar” para la cual está dispuesto a “aclarar lo que sea necesario” una vez sean convocados.
Córdoba actuó junto al presidente venezolano Hugo Chávez en las gestiones este año que culminaron en la liberación de parte de las FARC de seis rehenes.
Viveros, de 53 años, expresó que “tenía es que eso podía presentarse”, refiriéndose al anunció de que será investigado. Argumentó que se ha dedicado a “lograr la liberación de los secuestrados”.
Las indagaciones contra los Córdoba, Borja y Ramíez se suman a las que la CSJ sigue contra más de 30 congresistas, casi totalmente aliados del presidente Álvaro Uribe, por supuestos vínculos con grupos paramilitares.
Las FARC tienen en su poder a docenas de rehenes cuya liberación condicionan a negociar con el gobierno un canje por guerrilleros presos. Entre los cautivos se encuentran políticos, como la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, militares, policías y otras personalidades.
Lozano, director del semanario comunista Voz, expresó que las personas señaladas por el fiscal han venido trabajando por el intercambio humanitario de “manera pública”, con conocimiento del gobierno, de la comunidad internacional y de “cara al país”.
Indicó que a su entender, la fiscalía está abriendo una “indagación preliminar” para la cual está dispuesto a “aclarar lo que sea necesario” una vez sean convocados.
Córdoba actuó junto al presidente venezolano Hugo Chávez en las gestiones este año que culminaron en la liberación de parte de las FARC de seis rehenes.
Viveros, de 53 años, expresó que “tenía es que eso podía presentarse”, refiriéndose al anunció de que será investigado. Argumentó que se ha dedicado a “lograr la liberación de los secuestrados”.
Las indagaciones contra los Córdoba, Borja y Ramíez se suman a las que la CSJ sigue contra más de 30 congresistas, casi totalmente aliados del presidente Álvaro Uribe, por supuestos vínculos con grupos paramilitares.
Las FARC tienen en su poder a docenas de rehenes cuya liberación condicionan a negociar con el gobierno un canje por guerrilleros presos. Entre los cautivos se encuentran políticos, como la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, militares, policías y otras personalidades.
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