El rey Juan Carlos al abandonar de manera súbita la cumbre Iberoamericana, después de la polémica que sigue siendo objeto de comentarios y críticas. archivo / end
Más de 40 organizaciones españolas calificaron de “bochornosa” la actuación del rey Juan Carlos y del presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero en la Cumbre Iberoamericana celebrada en Chile, y les exigieron no interceder a favor de Unión Fenosa, sino ponerse a disposición del Gobierno de Nicaragua para rescindir el contrato con esta empresa sin derecho a compensación monetaria.
Esta posición la divulgaron los miembros de estas organizaciones en un comunicado difundido este miércoles en España, como parte de la campaña “La irresponsabilidad social de Unión Penosa”, bajo el título “Gobierno español faltó a la verdad en su defensa de las inversiones españolas en América Latina”.
“Exigimos al Gobierno español que no interceda a favor de Unión Fenosa en Nicaragua.
Es más, le exigimos que se ponga a disposición del Gobierno nicaragüense para obligar a la empresa a rescindir su contrato de distribución con el Estado nicaragüense, sin derecho a compensación monetaria alguna, y que sea juzgada por los impactos sociales provocados por su actividad y condenada a restituir e indemnizar al pueblo nicaragüense”, reza el escrito.
En este documento piden al rey y al presidente de España, que se pongan a disposición del presidente Daniel Ortega para investigar y enjuiciar a Fenosa por todas las arbitrariedades cometidas en nuestro país.
Ponerles límite
“El Gobierno (de España) debe velar por el cumplimiento de las legislaciones estatales donde se ubiquen las empresas transnacionales españolas, y elaborar, con urgencia, nuevas proposiciones de ley que tengan como objetivo poner límite a la ola de vulneraciones de derechos fundamentales que están cometiendo fuera de sus fronteras”, denuncian las organizaciones.
Recomiendan a las autoridades ibéricas brindar el apoyo necesario a aquellos gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, que denuncien actuaciones irresponsables de empresas españolas, con el fin de garantizar el derecho a una vida digna y hacer realidad la erradicación de la pobreza y sus causas.
Recuerdan que Fenosa ha sido juzgada por el Tribunal Permanente de los Pueblos, celebrado en octubre pasado en Managua, donde se les acusó “de acciones y omisiones que contribuyen al deterioro de las condiciones de vida y salud física y mental de una parte creciente de la población nicaragüense y guatemalteca, específicamente del derecho humano a un nivel de vida adecuado”.
A pesar de ello, según los denunciantes, el Gobierno español ha dado su apoyo político, diplomático y económico a Fenosa. “Dicho aval se concreta en un fuerte despliegue diplomático de apoyo y defensa de los intereses de la transnacional en Nicaragua, y, por otra parte, en la modificación de la política de cooperación bilateral con Nicaragua a través de los Fondos de Ayuda al Desarrollo”.
“Estos fondos, que se convierten en deuda externa bilateral de Nicaragua a favor del Estado español, han pasado a destinarse, en parte, a proyectos de apoyo al sector eléctrico privatizado precisamente cuando Unión Fenosa inició su actividad en el país”, explican.
También sientan varias interrogantes a sus autoridades: ¿Sabía el señor Zapatero que con aproximadamente 600 mil usuarios en Nicaragua, Unión Fenosa recibe unos 54 mil reclamos anuales? ¿Sabe que ha sido multada en repetidas ocasiones por el Instituto Nicaragüense de la Energía (INE) y no ha pagado jamás una sanción?
¿Le parece responsable que cada poco tiempo muere una persona electrocutada, o se quema una vivienda o negocio porque Unión Fenosa no cumple con la mínima inversión necesaria para el mantenimiento de la red de distribución?, concluyen.
Más de 40 organizaciones españolas calificaron de “bochornosa” la actuación del rey Juan Carlos y del presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero en la Cumbre Iberoamericana celebrada en Chile, y les exigieron no interceder a favor de Unión Fenosa, sino ponerse a disposición del Gobierno de Nicaragua para rescindir el contrato con esta empresa sin derecho a compensación monetaria.
Esta posición la divulgaron los miembros de estas organizaciones en un comunicado difundido este miércoles en España, como parte de la campaña “La irresponsabilidad social de Unión Penosa”, bajo el título “Gobierno español faltó a la verdad en su defensa de las inversiones españolas en América Latina”.
“Exigimos al Gobierno español que no interceda a favor de Unión Fenosa en Nicaragua.
Es más, le exigimos que se ponga a disposición del Gobierno nicaragüense para obligar a la empresa a rescindir su contrato de distribución con el Estado nicaragüense, sin derecho a compensación monetaria alguna, y que sea juzgada por los impactos sociales provocados por su actividad y condenada a restituir e indemnizar al pueblo nicaragüense”, reza el escrito.
En este documento piden al rey y al presidente de España, que se pongan a disposición del presidente Daniel Ortega para investigar y enjuiciar a Fenosa por todas las arbitrariedades cometidas en nuestro país.
Ponerles límite
“El Gobierno (de España) debe velar por el cumplimiento de las legislaciones estatales donde se ubiquen las empresas transnacionales españolas, y elaborar, con urgencia, nuevas proposiciones de ley que tengan como objetivo poner límite a la ola de vulneraciones de derechos fundamentales que están cometiendo fuera de sus fronteras”, denuncian las organizaciones.
Recomiendan a las autoridades ibéricas brindar el apoyo necesario a aquellos gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, que denuncien actuaciones irresponsables de empresas españolas, con el fin de garantizar el derecho a una vida digna y hacer realidad la erradicación de la pobreza y sus causas.
Recuerdan que Fenosa ha sido juzgada por el Tribunal Permanente de los Pueblos, celebrado en octubre pasado en Managua, donde se les acusó “de acciones y omisiones que contribuyen al deterioro de las condiciones de vida y salud física y mental de una parte creciente de la población nicaragüense y guatemalteca, específicamente del derecho humano a un nivel de vida adecuado”.
A pesar de ello, según los denunciantes, el Gobierno español ha dado su apoyo político, diplomático y económico a Fenosa. “Dicho aval se concreta en un fuerte despliegue diplomático de apoyo y defensa de los intereses de la transnacional en Nicaragua, y, por otra parte, en la modificación de la política de cooperación bilateral con Nicaragua a través de los Fondos de Ayuda al Desarrollo”.
“Estos fondos, que se convierten en deuda externa bilateral de Nicaragua a favor del Estado español, han pasado a destinarse, en parte, a proyectos de apoyo al sector eléctrico privatizado precisamente cuando Unión Fenosa inició su actividad en el país”, explican.
También sientan varias interrogantes a sus autoridades: ¿Sabía el señor Zapatero que con aproximadamente 600 mil usuarios en Nicaragua, Unión Fenosa recibe unos 54 mil reclamos anuales? ¿Sabe que ha sido multada en repetidas ocasiones por el Instituto Nicaragüense de la Energía (INE) y no ha pagado jamás una sanción?
¿Le parece responsable que cada poco tiempo muere una persona electrocutada, o se quema una vivienda o negocio porque Unión Fenosa no cumple con la mínima inversión necesaria para el mantenimiento de la red de distribución?, concluyen.
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