El ex candidato del ALN presidencial Eduardo Montealegre no ha reconocido todos sus impuestos como ordena la ley, ya que en la última declaración anual que presentó ante la Dirección General de Ingresos (DGI) informó no tener ni siquiera “diez centavos en el banco", reveló Walter Porras, titular de dicha institución. Porras aseguró que en períodos tributarios anteriores, Montealegre reportó entradas por operaciones agropecuarias, así como por otras retribuciones, pero ahora ha presentado “declaraciones inexactas” ante esa oficina gubernamental.
“Declaró también por ingresos no constitutivos de renta, que podrían ser por intereses, bonos o también Certificados Negociables de Inversión (CENIS), que es una buena cantidad, miles de córdobas que declaraba anteriormente”, explicó.
“Pero ahora la declaración de impuestos sobre la renta aparece en cero, aparece como que no tiene ni diez centavos en el banco, no aparece ninguna actividad y como que no recibió salario”, dijo el funcionario durante su comparecencia en el programa En Vivo con Alberto Mora, que se transmite en Canal 4.
Por tal razón, agregó, la DGI realiza una auditoría sobre el caso. “No ha sido ningún trabajo dirigido al señor Montealegre como él aduce, sino que hay diferencias en el sistema tributario que nos dice que un contribuyente equis no está declarando correctamente”, señaló.
“Esas declaraciones (ante la DGI) fueron inexactas. El señor tuvo actividades agropecuarias que no han sido declaradas en los últimos cuatro, cinco, seis años. Ha tenido actividades supuestamente por intereses que ha percibido por ingresos y tampoco los está declarando”, insistió.
“Una declaración de impuestos es una declaración jurada y no nos está específicando sus activos ni activos circulantes. ¿Qué raro que no tiene ningún centavo en el banco? Entonces, en efectivo en caja y banco no nos manifiesta nada, en sus activos fijos tampoco, de tal forma que ¡no tiene activos el señor! Y nosotros sabemos que es uno de los millonarios más grandes que ha existido aquí en Nicaragua”, expresó.
Porras enseñó en el programa televisivo la Declaración Del Impuesto sobre la Renta (IR) de Montealegre, cortada al 30 de junio de 2007, según la cual el ex candidato presidencial recibió por “ingresos por sueldos, salarios y demás compensaciones” la cantidad de C$536,045.70.
De acuerdo al documento, Montealegre no declaró ni un córdoba en los siguientes rubros: efectivo en caja y bancos, cuentas y documentos por cobrar, activo inmobiliario, pasivo fijo, pasivos extranjeros, ingresos agropecuarios, entre otros. Unicamente reporta sus ingresos como asalariado del Estado en su condición de diputado propietario.
El director de la DGI alertó que la declaración de probidad que presentó Montealegre ante la Contraloría, cuando asumió su escaño como diputado, debería “coincidir exactamente” con la declaración del impuesto sobre la renta que presenta.
Pero, según la información de la DGI, no es así. “El no menciona ni describe ningún activo que posee en Nicaragua. Entonces, el señor Montealegre --que fue ministro de Hacienda y debe manejar las leyes--, debería de dar el ejemplo, pero en los últimos ocho años no declaró el activo fijo, las propiedades o negocios que tiene”, destacó.
Los requerimientos de la DGI
El funcionario informó que el 14 de enero pasado el Juez Quinto de Distrito Penal de Audiencias de Managua, Oscar Manzanares Molina, ordenó a la DGI por medio de un auto levantar el sigilo tributario e informar al Ministerio Público las declaraciones de impuesto de Montealegre.
Ese mismo día, el administrador de Renta Sajonia, Yamil Avilés Pérez, emitió una credencial a nombre de la auditora Martalina Flores y de la supervisora Marlene Alemán González, para que ambas funcionarias iniciaran una auditoría a los ingresos de Montealegre desde 1999 hasta 2007, de acuerdo a una copia del documento.
Montealegre, que según el registro de contribuyentes se identifica con el número RUC 090555-3810, actualmente es investigado por el Ministerio Público por ser uno de los principales señalados de la emisión de los CENIS que dejó al Estado la perdida de 492 millones de dólares.
Esta revisión de los ingresos de Montealegre fue solicitada con base a los artículos 67 numeral 2, 102 numeral 4, 103 numeral 7, 147 y 148 del Código Tributario.
“Deberá brindar toda la información requerida por los funcionarios autorizados para el debido cumplimiento de la acción fiscalizadora a desarrollar, además le comunico que con base en el artículo 71 del Código Tributario, no puede realizar declaraciones sustitutivas a los impuestos y períodos antes señalados, una vez notificada esta credencial”, advirtió Avilés Pérez.
Un día después, el pasado 15 de enero, las funcionarias de la DGI a cargo de la “fiscalización e investigación tributaria” le advirtieron al ex candidato presidencial que debía brindar los datos solicitados.
“En caso de no suministrar la información requerida estará sujeto a las infracciones y sanciones señaladas en los artículos 126 y 127 del Código Tributario”, citó el documento titulado “Requerimiento de Información Tributaria Número 1”.
La auditoria fiscal para Montealegre incluye los libros contables diario y mayor, así como los soportes de retenciones de los periodos señalados.
El ex gerente del Banco de Crédito Centroamericano (BANCENTRO), una de las instituciones beneficiadas con el pago de CENIS, tiene hasta hoy para brindar la información requerida. “No se ha recibido ninguna contestación de parte de él hasta este momento”, informó Porras.
¿Qué período cubrirá la auditoría?
Una vez notificado por la DGI, Montealegre alegó que la DGI no puede auditarlo desde 1999, porque --según él-- las leyes fiscales lo prohiben.
El Código Tributario, artículo 43 especifica: “Toda obligación tributaria prescribe a los cuatro años contados a partir de la fecha en que comenzare a ser exigible”.
Pero Porras respondió: “Estamos de acuerdo que son cuatro años a partir de la fecha que va a empezar a ser exigible, pero también manifiesta: la obligación tributaria de la cual el Estado no haya tenido conocimiento ya sea por declaraciones inexactas del contribuyente o por la ocultación de bienes o renta no prescribirá por el lapso señalado, sino únicamente después de seis años contados a partir de la fecha en que debió ser exigible”.
No obstante, Porras también citó el artículo 143 del mismo Código Tributario, que cita: “ En los aspectos sustanciales no previstos en este Código, serán aplicables las disposiciones del Código Civil y del Código Penal, respectivamente”.
“Y si nos vamos al Código Civil, en el artículo 906, nos dice: la prescripción negativa para exigir una deuda se consuma por el lapso de diez años. Y el artículo 931 establece: No corre la prescripción a favor del deudor que con hechos ilícitos ha impedido el ejercicio de la acción de un acreedor”, sentenció.
“Y lógicamente existe una presunción, porque él no ha declarado. Anteriormente declaraba ingresos agropecuarios. ¿Por qué no los siguió declarando, así como los otros ingresos por intereses u otros que tenía?”, advirtió.
“De tal manera que el Código Tributario nos permite hasta seis años, pero si nos vamos al Código Civil de la república podríamos avanzar más allá. Sin embargo, no nos interesa llegar hasta más atrás, sino que en los últimos seis años vamos a efectuar la revisión fiscal de conformidad a la ley. Y estamos esperando al señor Montealegre”, agregó.
Porras descartó que exista una persecunción fiscal en contra del ex candidato: “Todo nicaragüense que tiene ingresos, ya sea por salarios o alguna actividad económica, sin diferencia alguna, debe declarar sus impuestos. No es que tenga que pagar el rico, pero el que tenga más ingresos que pague, porque tiene más ganancias”.
“Nuestra intención es pedirle al señor Montealegre, como un ciudadano más, que pague los impuestos que tiene que pagar y que declare correctamente”, finalizó.
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